“No vamos a cambiar la dependencia por capricho, sino por necesidad”

Juan Manuel Moreno es el número dos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Su nombramiento, el pasado 30 de diciembre de 2011, como secretario de Estado de Servicios Sociales, fue una apuesta personal de la ministra Ana Mato, quien le propuso ocupar el cargo tras haberlo consensuado con el presidente del Gobierno. Desde entonces, han transcurrido cinco meses, que han dado para mucho: el nivel acordado se ha suprimido y el nivel mínimo aumentado; se ha retrasado la incorporación de los dependientes moderados al Sistema y se han sentado las bases del Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales... El objetivo es que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia “funcione”. Por eso, en breve conoceremos más medidas dirigidas, en principio, a priorizar los servicios y promover la autonomía personal.

¿Qué retos se plantea el Ministerio en materia de servicios sociales y atención a la dependencia?
En un contexto como el actual, marcado por la crisis económica, social y financiera, se hace más necesario que nunca salvaguardar los que consideramos pilares maestros de nuestras políticas: dependencia, personas mayores, tercer sector, igualdad real de oportunidades, lucha contra la violencia de género, familia e infancia, discapacidad, jóvenes y lucha contra la drogodependencia y otras adicciones.
No son retos menores, al contrario, pues debo recordar que la crisis actual es la peor que ha tenido España en su historia reciente. Por tanto, no podemos gastar lo que se gastaba antes. Es imposible. Eso debemos tenerlo muy claro. Así pues, la defensa de las políticas sociales se convierte en una prioridad, y en eso estamos, en atender a los colectivos más vulnerables, en protegerles.
¿Cómo? Estamos controlando al milímetro cuál es el recorrido de cada euro del erario. Ningún gasto puede ser superficial, y más en materia social. Es obvio que hemos hecho ajustes, y pese a ello, hemos logrado unos Presupuestos razonables y escrupulosos con el gasto. De hecho, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es de los que menos contracción del gasto ha sufrido.

¿Qué ha motivado la eliminación de la partida presupuestaria del nivel acordado de 283 millones de euros?
El 61% de los recursos del departamento que dirige Ana Mato se dedica exclusivamente a la dependencia. Por decirlo de otro modo: seis de cada diez euros del presupuesto total del Ministerio recaen en la financiación de la Ley de Dependencia. Dicho esto, es verdad que el denominado nivel acordado se ha suprimido, pero se ha aumentado el nivel mínimo en un 18,7%, lo que supone unos 203 millones de euros más para transferir a las comunidades autónomas.
La cifra asciende a 1.407 millones de euros, que no es desdeñable en un contexto como el actual. Además, vamos a promover que en cada comunidad autónoma los criterios de atención a la persona dependiente sean los mismos, lo que a la larga se traducirá en un importante ahorro.

Sin embargo, comunidades como Andalucía aseguran que no compensa la pérdida del nivel acordado. ¿Cuál es su opinión?
Más allá de cifras, el Gobierno quiere que la financiación de la Ley de Dependencia sea sostenible. Con sinceridad, los mecanismos articulados hasta la fecha no aseguraban la viabilidad del sistema, empezando porque el gasto se ha incremento en gran cuantía en el caso de los cuidadores familiares, que son necesarios, sí, pero no generan un retorno económico. Estamos intentando que la canalización de recursos gire, por ejemplo, hacia los centros asistenciales, donde la atención a la dependencia se profesionaliza y en donde podemos fomentar la generación de empleo.
Este Gobierno se ha encontrado a la Ley de Dependencia sumida en un marasmo de incertidumbre porque no se ha hecho evaluación alguna de las políticas y de las asignaciones presupuestarias; no sabemos tampoco hasta dónde llega la satisfacción del usuario. Nosotros estamos efectuando ahora un examen concienzudo del funcionamiento de la Ley, toda vez que, cuanto más completo sea el diagnóstico, más acertadas serán las medidas. Ahora bien, a los dependientes que lo necesiten no les va a faltar prestación económica.

¿Cómo se compensarán los desfases entre las previsiones del número de dependientes y la financiación, teniendo en cuenta la realidad?
En la actualidad, estamos estudiando cómo estrechar esos desfases y qué ritmo dar a la dependencia. No vamos a cambiar la dependencia por capricho; sino por necesidad, porque no funciona y este Gobierno quiere que funcione. Ya en 2011 se recortó la financiación al sistema en unos 235 millones de euros, un 13% menos que la cuantía de 2010; hemos visto un agujero en la Seguridad Social de 820 millones de euros, creado por las cuotas de altas en el modelo de los cuidadores familiares... Son dos ejemplos de una gestión anterior no muy efectiva. Recibimos, en definitiva, un sistema agrietado que el Gobierno ahora debe retocar.

¿Ayudará al ajuste financiero el retraso de la incorporación de los dependientes moderados al sistema?
El retraso de la incorporación de los dependientes moderados al sistema hay que enmarcarlo en la apuesta por revitalizar el propio sistema; pero debo puntualizar que los dependientes moderados no quedan desasistidos ni aislados. Primero, la misma Ley de Dependencia da prioridad a la atención a los dependientes más graves y severos; y segundo, los dependientes en el grado más leve de la norma ya están atendidos por los servicios sociales. El aplazamiento de los dependientes moderados ya estaba previsto antes de que el Partido Popular llegase al Gobierno.
Los empresarios del sector de atención a la dependencia aseguran que los recortes ponen en peligro numerosas empresas y miles de puestos de trabajo.

¿Qué tiene que decir al respecto?
Nuestro objetivo es evitar una posible pérdida de puestos de trabajo y, por supuesto, no deseamos que ninguna empresa vinculada con el sector quede en peligro de cierre. Sin embargo, la gran pérdida de empleo en el sector fue la que se produjo la pasada legislatura: 8.304 personas se quedaron en la calle.
Si la Administración adeuda dinero, quiero recordar que el Gobierno ha puesto en marcha un programa de pago a proveedores con los que se han contraído deudas inaceptables, dada su demora. No hay duda sobre el apoyo del Gobierno a las empresas, también a las que operan para garantizar un sistema de dependencia de calidad.

¿De dónde proceden los 8.304 empleos que ha perdido el sector?
Dos de cada tres altas en el Régimen General de la Seguridad Social en el sector de los servicios sociales corresponden a cuidadores familiares, lo que evidencia la incapacidad actual de la norma para convertirse en un verdadero generador de empleo; a pesar de que el año pasado unos 200.000 dependientes se incorporaron al sistema.

Uno de los objetivos de la ministra es priorizar la prestación de servicios profesionales de calidad y respetar el principio de excepcionalidad de la concesión de ayudas económicas al cuidador informal. ¿Qué medidas se tomarán para ello?
En el Pleno del Consejo Territorial, celebrado el pasado 12 de abril, se acordó debatir y, en su caso, aprobar las propuestas en este mes de junio.

¿Y para fomentar los servicios y prestaciones dirigidos a promover la autonomía personal?
También en el Pleno del Consejo Territorial, se acordó formar un equipo para analizar la calidad y adecuación de la cartera de servicios y prestaciones a la situación de las personas dependientes. Las medidas de fomento y mejora de estos servicios y prestaciones estarán listas en este mes. La idea primordial es que exista un principio de equidad en todo el territorio nacional para que cualquier dependiente tenga unos servicios similares en el conjunto de España. Se va a establecer un baremo único de valoración, con criterios comunes y homogéneos, que permita a los beneficiarios el acceso al sistema en condiciones de igualdad. Y después, que cada región vaya más allá si lo desea, pero con sus propios recursos.

Por último, ¿en qué consistirá el Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales? ¿Se podría traducir en una coordinación sociosanitaria real y efectiva?
Nuestro objetivo es sentar las bases de un modelo sostenible y de calidad, para que las personas tengan garantizada la mejor atención ante la enfermedad o la dependencia. El Sistema Nacional de Salud va a seguir siendo un sistema universal, público, gratuito y de excelencia; por ello, queremos implantar, por primera vez en nuestro país, un modelo sociosanitario en el que la Sanidad y los Servicios Sociales caminen juntos y en la misma dirección, y sean capaces de responder a las necesidades de la ciudadanía.