Elecciones Generales y sostenibilidad de la Ley de Dependencia

En mi anterior colaboración, les prometí que les contaría cómo nos fue en las XI Jornadas de la Federación Lares, que hemos celebrado en Barcelona del 26 al 28 de octubre pasado. Y como lo prometido es deuda, voy a contarles algunas cosas de lo que durante esos tres días hablamos, sentimos y concluimos, en torno a un centenar de directivos de la Federación Lares y sus Asociaciones Autonómicas.

En primer lugar, hemos constatado la insostenible situación en que se encuentran muchos centros asociados, asfixiados por los retrasos en el cobro de los conciertos y convenios firmados con las administraciones públicas. La demora en los pagos, sujeta a gran variabilidad autonómica, va desde los dos hasta los diez meses y sigue aumentando sin que se vislumbre una solución clara.

La Ley de Dependencia, en la que tantas expectativas pusimos, y el sistema público de atención a las situaciones de dependencia, por el que apostaron decididamente los centros de Lares, ofreciéndose a concertar plazas con las administraciones públicas, se han convertido para muchos de ellos en una trampa en la que corren serio riesgo de desaparecer.

En segundo lugar, hemos comprobado la profundidad de los recortes en cuanto a prestaciones de la Ley de Dependencia en varias autonomías. Unas veces consisten en congelación o bajada de los precios de concierto; otras, en la disminución del número de prestaciones ofrecidas a los ciudadanos. Nos ha dolido observar que ante las dificultades económicas que atraviesa nuestro país, uno de los sitios en que se está metiendo la tijera con más intensidad es en el gasto social. Es decir, se recorta el gasto del que depende la calidad de vida, cuando no la vida misma, de las personas más vulnerables a las que el sistema debería proteger.

Las residencias concertadas que han agotado su capacidad de endeudamiento con entidades financieras y ya no pueden hacer frente a sus obligaciones de pago más perentorias, como son las nóminas de los trabajadores, se están viendo obligadas a tomar medidas absolutamente excepcionales. Una de ellas consiste en pedir a los usuarios que ocupan plazas concertadas y a sus familiares que abonen el importe de la factura que la administración correspondiente está devengando pero que ha dejado de pagar hace muchos meses. El centro contabiliza esas cantidades como préstamos recibidos de esas familias con la promesa de devolverlo cuando la situación se regularice. La alternativa está en declararse en situación de concurso de acreedores, no pagar las nóminas y dejar de prestar el servicio.

Entre tanto, hemos tenido unas elecciones generales que han determinado un cambio de partido en el gobierno de España y en el que los ciudadanos hemos puesto nuestra confianza y expectativas. Esperemos que no nos suceda lo que con la Ley de Dependencia. Las palabras unos días antes del que pronto será investido como presidente de Gobierno son bastante poco halagüeñas.