“Apostamos por la prestación de servicios de calidad con una atención individualizada al residente y la profesionalización de los trabajadores”

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Bilbao, Valentín García cuenta con una dilatada experiencia en el sector asegurador. En el año 2001 entró a formar parte del Grupo Caser y, actualmente, es responsable de la Dirección de Diversificación de Caser Seguros, que incluye Caser Residencial, Caser Asistencia y la dirección general de la actividad hospitalaria del Grupo. Servicios, todos ellos, que priorizan el bienestar de las personas y, concretamente Caser Residencial, el de aquellas que se encuentran en situación de dependencia. En este sentido, Valentín García considera que “la implantación de la acreditación por grados y niveles, el desarrollo de la coordinación sociosanitaria, la apuesta por la profesionalización de la atención y la adecuación de las tarifas públicas a los costes reales de los servicios” mejoraría y agilizaría la aplicación de la Ley de Dependencia.

¿Qué opina de la situación actual de la Ley de Dependencia?
La entrada en vigor de la Ley de Dependencia supone el reconocimiento del derecho subjetivo de una persona en situación de dependencia a recibir las prestaciones establecidas en la norma.

Es una Ley que nació con un importante consenso entre partidos políticos, empresarios y organizaciones sindicales, que generó numerosas expectativas en la ampliación del Estado del bienestar y cuyos principios básicos son la apuesta por los servicios profesionales, calidad, igualdad y sostenibilidad.
Sin embargo, casi cinco años después, es necesaria una revisión en profundidad de la misma, ya que en su implantación existen importantes diferencias con los citados principios básicos, como son las prestaciones económicas para cuidadores no profesionales, que en la Ley se contemplaban de manera excepcional; la coordinación sociosanitaria y la acreditación por grados y niveles que garanticen la igualdad efectiva.

¿Qué propondría para mejorar y agilizar la aplicación de la Ley de Dependencia?
La implantación de la acreditación por grados y niveles, el desarrollo de la coordinación sociosanitaria, la apuesta por los servicios profesionales y la adecuación de las tarifas públicas a los costes reales de los servicios mejoraría y agilizaría la aplicación de la Ley.

Se deberían implantar normas de acreditación por grados y niveles que permitan atender a las personas dependientes en condiciones de igualdad efectiva, según requiera su situación de necesidad de ayuda e independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan.

La coordinación sociosanitaria, de la que ya se hablaba en 2003 en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, cobra más importancia en estos momentos de crisis económica, que nos obliga a todos a ser más eficientes. La atención de pacientes mayores con múltiples patologías en centros sociosanitarios, en lugar de en hospitales de agudos, supondría una reducción importante de los actuales costes y una mayor calidad en la atención prestada, además del cumplimiento del principio de atención según necesidad de ayuda.

Apostar por los servicios profesionales significa poner freno a las prestaciones económicas para el cuidador informal, que según las últimas estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) representan el 46% del total. Las prestaciones vinculadas al servicio sí que suponen una apuesta por los servicios profesionales y, además, permiten la libre elección del centro por los dependientes o sus familiares, pero deberían ir acompañadas de la acreditación por grados y niveles, de forma que los dependientes severos y grandes dependientes, es decir, grado II y grado III, sean atendidos por quienes garanticen el cumplimiento de determinados estándares de calidad.

¿Cree que la Ley es sostenible desde el punto de vista financiero?
La creación de un marco estable a largo plazo que fomente la colaboración público-privada, el desarrollo del copago establecido por la Ley y medidas que fomenten la eficiencia, como la coordinación sociosanitaria, ayudarían a la sostenibilidad del sistema.

Caser Residencial tiene presencia en diferentes comunidades autónomas. ¿Cómo les afecta que en cada región la aplicación de la Ley sea diferente?
Las diferencias en las distintas comunidades autónomas en criterios de acreditación, arquitectónicos, sistemas de gestión e información, ratios de personal y categorías profesionales implican un esfuerzo suplementario de las entidades que prestan los servicios para adaptarse a cada comunidad. Pero lo más preocupante es que dificulta la atención a los ciudadanos en condiciones de igualdad efectiva, independientemente del lugar donde residan.

¿Cómo se está enfrentando Caser Residencial al aumento de las plazas vacías?
Desde nuestro punto de vista, existen varias razones que motivan el aumento de plazas vacías, como son las prestaciones económicas para ser atendidos por cuidadores no profesionales, el hecho de que los residentes acuden a los centros a una edad cada vez más avanzada y con mayores niveles de dependencia, la crisis económica y, en algunos casos, la ausencia de un mapa de necesidades de centros de atención de servicios a la dependencia por poblaciones, que ayude a los empresarios a priorizar las inversiones en los lugares de mayor necesidad.

Nuestra respuesta a esto es incrementar la calidad, reforzando la profesionalización de los servicios prestados y el trato individualizado al residente.


Si el precio de concertación continúa estando por debajo del coste del servicio, tal y como se afirma desde el sector, ¿cómo logran amortizar sus inversiones?
En julio de 2010 la consultora PricewaterhouseCoopers publicó un estudio sobre la situación de la atención a la dependencia en España, donde se pusieron de manifiesto importantes diferencias entre el precio pagado por la Administración y el coste por plaza, existiendo grandes variaciones por comunidades autónomas, lo que afecta a los prestadores de servicios según la ubicación de sus centros.

Si el desfase de tarifas públicas no se compensa con las tarifas privadas no se recupera la inversión, lo que no es sostenible.

¿Qué acciones formativas desarrolla el Grupo Caser Residencial?
Para Caser Residencial la formación es fundamental, debido a que somos conscientes de que la calidad en la atención de nuestros residentes pasa por dar un servicio profesionalizado, y para ello hacemos una apuesta importante por la formación, elaborando planes anuales que se integran dentro del Plan Estratégico de la Compañía.

De hecho, en la elaboración del Plan de Formación anual, se tienen en cuenta las necesidades detectadas en las entrevistas de evaluación de desempeño, las solicitudes de formación individual, la formación en atención al cliente, así como la formación de los profesionales en aspectos sociosanitarios y relacionados con la prevención de riesgos. En los dos últimos años, se ha hecho un esfuerzo muy importante en la formación a gerocultores, dando prioridad a la obtención del certificado de profesionalidad.

¿Van a poder cumplir el calendario de implantación de los certificados de profesionalidad para los trabajadores del sector?
El plazo para conseguir que todos los trabajadores tengan la titulación oficial de FP en Técnico de Cuidados Auxiliares en Enfermería o Técnico de Atención Sociosanitaria o para que obtengan el certificado de profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales finaliza en 2015, aunque en 2011 deben tenerlo el 35 % de los trabajadores.

En Caser Residencial, a fecha de hoy, más del 35% ya lo ha alcanzado y nuestro objetivo es que todos los empleados lo consigan antes de 2015, aunque va a depender de las fechas en las que las comunidades autónomas realicen las convocatorias para la obtención de dichos certificados.

¿Cree que la Ley de Dependencia y las Administraciones Públicas están apoyando como se merecen los servicios domiciliarios?
Los servicios domiciliarios son muy importantes, porque fomentan la autonomía personal y previenen la dependencia, permitiendo que las personas permanezcan el mayor tiempo posible en su domicilio.

Según las estadísticas del SAAD, vemos cómo mes a mes están creciendo tanto los servicios de teleasistencia como los de ayuda domiciliaria, y es de prever que esta tendencia continúe próximamente, debido a la atención a la dependencia moderada que ha comenzado a principios de este año.

¿Qué sistemas de gestión de calidad han implantado?
Para lograr la satisfacción de nuestros clientes, nos esforzamos por alcanzar los mayores estándares de calidad y la mejora continua de todos los procesos.
Todas nuestras residencias y el Servicio de Ayuda a Domicilio están certificados por Bureau Veritas, con arreglo a la norma ISO 9001:2008. La primera certificación se consiguió en el año 2000.

En mayo de 2009, obtuvimos la certificación respecto a la norma UNE 158.101 para todas nuestras residencias y en marzo de 2011 la certificación de Prevención de Riesgos Laborales según OHSAS 18001.

Paralelamente, en los últimos años venimos trabajando en la implantación del modelo EFQM de Calidad Total.


¿Cómo definiría el clima de colaboración entre las Administraciones Públicas y el sector privado?
Nuestra experiencia en las comunidades autónomas en las que estamos es satisfactoria. En esta colaboración publico-privada, la Administración realiza la planificación, legislación y supervisión de los modelos de atención a los dependientes, garantizando el cumplimiento de los principios establecidos por la Ley en cuanto a la sostenibilidad, calidad e igualdad efectiva.

Y las entidades privadas prestan el servicio de manera eficiente, de acuerdo con los criterios de acreditación y calidad fijados por la Administración. El sector privado juega también un importante papel inversor, que ayuda a la sostenibilidad del Sistema. Para ello, es necesario crear un marco estable a largo plazo, que garantice la seguridad de las inversiones que realizamos las empresas de este sector.

Con la reforma de la negociación colectiva, ¿qué novedades se introducirán en el proceso de negociación del VI Convenio?
Es difícil prever el impacto de una reforma de negociación colectiva hecha sin el acuerdo de empresarios y sindicatos.
Un elemento de modernización que introduce la reforma es reconocer por ley la capacidad de negociación colectiva en los grupos de empresa, permitiendo así dar cauce a las nuevas realidades empresariales.

Además de la duración y prioridad de los convenios, uno de los temas pendientes, en relación con la competitividad, es la vinculación de la revisión salarial a la productividad y muy especialmente en el caso de que no existan incrementos de precios de plazas públicas, como ha ocurrido recientemente en alguna comunidad autónoma a la hora de revisar anualmente las tarifas de concertación.


¿Cómo ve el futuro del sector a corto y medio plazo?
El sector de atención a la dependencia, dado el envejecimiento de la población, es un sector con previsión de crecimiento a medio plazo, generador de riqueza a través de las importantes inversiones que se realizan en infraestructuras y creador de puestos de trabajo no deslocalizables, con el consiguiente retorno que eso supone vía impuestos, lo que en momentos de crisis económica adquiere especial relevancia.

A corto plazo, sin embargo, se están atravesando dificultades y se requiere el compromiso de la Administración, asociaciones, operadores, trabajadores y ciudadanos para hacer cuanto antes las reformas necesarias que garanticen la sostenibilidad del sector y del sistema de atención a las personas dependientes.


¿Cuál es el Plan Estratégico de la Compañía?
Nuestro Plan Estratégico contempla una apuesta por la prestación de servicios de calidad con una atención individualizada al residente y la profesionalización del personal para prestar estos servicios de calidad.

Un pilar fundamental de nuestro plan estratégico es el desarrollo profesional, satisfacción y motivación de nuestros trabajadores.
El Plan Estratégico contempla la diversificación y especialización de servicios, incrementando los centros o unidades sociosanitarios, de psicogeriatria, Alzheimer, salud mental, apartamentos tutelados y el servicio de teleasistencia.

Apostamos por un crecimiento sostenido. Caser Residencial cuenta con 13 centros en funcionamiento con 1.900 plazas residenciales, que son atendidas por más de 1.200 profesionales, en Madrid, Irún, Vitoria, Bilbao, Badajoz, Murcia, Zaragoza, Logroño, Lérida, Coruña y León. Actualmente, estamos construyendo dos nuevos centros. El primero de ellos en Fuenterrabía (Guipúzcoa) con 150 plazas residenciales, de las que 30 son de psicogeriatria y 24 de atención psicosocial, además de 30 plazas de centro de día, con fecha prevista de apertura a principios de 2012. Y el segundo se ubicará en Madrid, con 200 plazas de residencia, 50 de centro de día y 14 apartamentos tutelados, que entrará en funcionamiento en 2013.


¿Y de la Fundación Caser para la Dependencia?
La Fundación es una iniciativa del Grupo Caser, que quiere seguir avanzando en la labor de sensibilización social a favor de la dependencia, y poner en marcha iniciativas que colaboren a ello, así como a mejorar la calidad de vida de las personas dependientes. Seguirá trabajando en proyectos de muy distinta índole, pero siempre enfocados a impulsar el desarrollo de la dependencia. Continuará con investigaciones y estudios sobre aspectos de la dependencia, susceptibles de análisis y mejora, y se crearán nuevos ámbitos de reflexión. La web, Actas de Dependencia o la base de datos de la normativa son sólo algunas de las iniciativas que han contribuido, de una forma u otra, al conocimiento de la Ley y a su desarrollo.